Por: Ashmar Mandou
Un grupo de abogados de los derechos del inmigrante y sus familias marcharon desde La Villita al Centro Médico de UIC para pedir una junta inmediata con los administradores del hospital, por haberse negado a atender a pacientes indocumentados.
“La Universidad de Illinois en Chicago es una institución pública que se hace llamar un líder cívico, una institución progresiva”, declaró el Padre José Landaverde, organizador de la marcha. “Sin embargo, le niegan el tratamiento a las personas simplemente porque no tienen seguro de salud o porque están indocumentadas. La gente pobre y la que no tiene un estatus está siendo tratada en forma infrahumana”.
Landaverde, quien también participó en una huelga contra el hambre con sus compañeros marchistas, entregó una carta al CEO del centro Médico de UIC para hacer responsable al hospital por los acuerdos hechos el año pasado de brindar tratamiento a los pacientes pobres e indocumentados.
El año pasado, como resultado de la huelga de hambre, el Centro Médico de UIC se comprometió a llevar a cabo un debate de mesa redonda con otros hospitales en Chicago, para ofrecer transplantes del hígado y los riñones a pacientes que estuvieran indocumentados o sin seguro médico. UIC estuvo de acuerdo también en formar una farmacia no lucrativa que proveería mediación económica para transplantes a pacientes de bajos ingresos, dijo Landaverde. Sin embargo, Landaverde y los miembros de su familia han esperado sin resultado.
Desde la semana pasada, catorce personas han estado en huelga de hambre en protesta por estas prácticas de salud inhumanas y discriminatorias. La huelga de hambre pide un cambio en las regulaciones, que garantice que la gente se pone en la lista de transplantes en base a sus necesidades y no en base a su ciudadanía o estado financiero.
“Ellos quieren nuestros votos, nosotros queremos nuestras vidas”, dijo María Garnica.
Garnica participó en la huelga de hambre a nombre de su esposo que urgentemente necesita un transplante de órgano. Ella, como otros, pidió a los funcionarios electos que prueben su apoyo a las comunidades inmigrantes con acciones concretas y no con vacías promesas de campaña, declaró.