Funcionarios de la Ciudad Piden la Aprobación de HB2265 Para Fortalecer la Ley de las Armas

Lawndale News Chicago's Bilingual Newspaper - NegociosEl Alcalde Rahm Emanuel, la Procuradora del Estado del Condado de Cook, el Concejal James Balcer (11th), el Representante estatal Michael Zalewski (21st), el Senador Estatal Tony Muñoz (1st), el Superintendente de Policía de Chicago, Garry F. McCarthy y familias que han sufrido por la violencia de las armas, exhortaron a la Asamblea General de Illinois a que apruebe el Proyecto de la Cámara 2265, que aumenta los castigos en varios crímenes de armas, incluyendo un mínimo de 3 años obligatorio por uso ilegal agravado de un arma y el requisito de que los delincuentes cumplan por lo menos el 85 por ciento de su sentencia.

        Más de 100 personas involucradas en balaceras y asesinatos este año en Chicago habrían estado en prisión si hubiera habido regulaciones más severas. Esto incluye por lo menos 15 víctimas de asesinato cuyas vidas podrían haberse salvado si los delincuentes hubieran estado encarcelados.

        El mes pasado, 13 individuos, incluyendo un niño de 3 años fueron balaceados en Cornell Square Park. Uno de los delincuentes acusados fue convicto de felonía en posesión de un arma y ya había sido sentenciado a un campamento militar y liberado.

        Bajo las leyes actuales, la posesión ilegal de armas de fuego conlleva el mismo castigo que poseer cigarros sin sello o la reincidencia de un robo menor. Como resultado, cada año se recuperan en Chicago más armas ilegales que en ninguna otra ciudad del país. CPD ha recuperado más de 5,500 armas en lo que va del año y en los primeros seis meses del 2012, el Departamento de Policía de Chicago recolectó nueve veces más armas que en Nueva York y 3 veces más que en Los Angeles (per capita).

        A pesar de los reclamos de costos exorbitantes, HB2265 pagaría por si misma cinco veces, previniendo crímenes violentos y salvando vidas. De acuerdo a un análisis completado por la Universidad de Chicago, en un año el proyecto habría prevenido más de 400 crímenes violentos, manteniendo a los delincuentes en prisión – ahorrando $700 millones asociados con estos crímenes – o 5 veces el costo de encarcelar a estos individuos.

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