Por: Ashmar Mandou
Una abuela de Chicago, por mucho tiempo activista de inmigración, Genoveva Ramírez, demandó a Department of Homeland Security (DHS) a principio de esta semana, pidiendo que revise su solicitud de visa, por mucho tiempo pendiente, antes de que U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) la deporte en octubre. ICE dijo a Ramírez, en una cita en agosto, que debe comprar boletos de avión y salir de Estados Unidos antes del 31 de octubre, aunque ella espera una decisión de otra agencia DHS – U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) – sobre si concederle la protección de la visa U. “Como una inmigrante activista de mucho tiempo, he visto la forma en que ICE justifica separar familias y comunidades como la mía. He visto como nos criminalizan y deshumanizan y he luchado contra eso. Hoy, estoy demandando a DHS porque me niego a permitir que su negligencia y demora en procesamiento se convierta en otra excusa para separarme de mi familia”, dijo Ramírez, quien es también líder de Comunidades Organizadas Contra la Deportación (OCAD) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) Local 1.
La abuela de diez nietos, de 67 años, originaria de México, ha vivido en Estados Unidos cerca de dos décadas. Puso una solicitud por la visa U en septiembre del 2016, después de que ella y su nieto fueran físicamente asaltados durante una invasión a su hogar y fuera subsecuentemente asistida en la investigación policíaca. Las demoras en la adjudicación del proceso de USCIS han causado que los solicitantes de visa U esperen tanto como tres años por una decisión sobre su solicitud. “A pesar del hecho de que USCIS y ICE son sub-agencias del Departamento de Seguridad en el País, ICE no ha pedido a USCIS que agilice la solicitud de Ramírez, ni que posponga su deportación de mientras USCIS toma una decisión sobre su solicitud”, dijo Kate Melloy Goettel, abogada litigante en National Immigrant Justice Center (NIJC) quien representa a Ramírez en su demanda federal. “La posición en la que está ella ahora muestra las devastadoras consecuencias de un sistema de inmigración que es totalmente ilógico y quebrantado”. En la demanda, Ramírez pide a la Corte del Distrito de E.U. del Distrito Norte de la Corte de Illinois, que ordene a USCIS que tome una determinación preliminar de que ella es elegible a la visa U, para que ICE no la deporte, o que adjudique su aplicación enteramente para que pueda permanecer en Estados Unidos.
El director de ICE de Chicago, Ricardo Wong, abusó de su autoridad y discreción al negar la petición de la Sra. Ramírez de suspender su salida, pero USCIS puede y debe intervenir inmediatamente. USCIS no puede estar sin hacer nada cuando familias como la de Ramírez son separadas por contradictorios protocolos y demoras de procesamiento”, agregó Mony Ruiz-Velasco, directora ejecutiva de PASO-West Suburban Action Project y el abogado de inmigración de Ramírez. Ramírez anunció su demanda junto a la familia de Wilmer Catalán-Ramírez, otro miembro OCAD, quien en mayo, puso una demanda contra la oficina ICE de Chicago por uso excesivo de fuerza y violencia. Catalán-Rqamírez está también demandando a la Ciudad de Chicago y al Departamento de Policía de Chicago por colocarla erróneamente en la controversial base de datos de pandillas de la Ciudad y su papel al conspirar para poner a Catalán-Ramírez en custodia de ICE y procedimiento de deportación.
