Por Ashmar Mandou

El miércoles, la Congresista Delia C. Ramírez (IL-03) junto con la Congresista Yvette Clarke (NY-09), presentaron el Acta Melt ICE intentando poner fin a la financiación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destina a la detención o el control de inmigrantes. La legislación surge en medio de un llamado nacional para controlar la financiación de ICE y mientras el Congreso anunció un proyecto de ley de asignaciones para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que incluye $3.84 mil millones para operaciones de custodia de ICE y aumenta la financiación de las Operaciones de Cumplimiento y Deportación a $5.45 mil millones.

Después de haber entregado más de 150 mil millones de dólares al DHS para la aplicación de las leyes de inmigración, hay quienes en el Congreso pretenden ampliar aún más el presupuesto del DHS y la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas de Trump. Pero hemos visto lo que DHS puede hacer con recursos ilimitados y poder no supervisado. Y estamos diciendo basta”, dijo la Congresista Ramírez “Nuestros impuestos no serán usados para aterrorizar a nuestras comunidades y violar nuestros derechos. El Acta Melt ICE es un punto de inflexión y una declaración de que no toleraremos el sufrimiento humano. Me siento orgullosa de unirme a la Congresista Clarke y simpatizantes para enviar el mensaje de que no consentiremos ni permitiremos las ilegalidades de DHS y de ICE.”
La iniciativa Melt ICE surge tras la ampliación de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo ICE, ha recibido amplias críticas por sus tácticas violentas, su falta de transparencia y la obstaculización de la supervisión del Congreso, según la congresista Ramírez. El Acta Melt ICE es también en respuesta a la interacción entre un oficial de la ley de inmigración y la protestante Renee Nicole Good, que resultó en su muerte a principios de enero durante una protesta en Minnesota.

Cualquier intento realista de poner freno a la ilegalidad de ICE y el DHS debería comenzar por acabar con el cheque en blanco del que han disfrutado desde que Donald Trump retomó el poder. Durante un año, estas entidades descontroladas han llevado a cabo una cruzada desenfrenada de crueldad contra nuestros vecinos migrantes y los lugares que consideran su hogar.

Esta situación actual no puede continuar”, dijo la Rep. Yvette D. Clarke. “El Acta Melt ICE es una fuerte solución que impedirá a esta administración conducir su sádica estrategia de control de inmigración y compensa a nuestras comunidades más vulnerables utilizando los mismos fondos que una vez se utilizaron para brutalizarlos. El Congreso tiene la responsabilidad moral y ética de detener el caos financiado por los contribuyentes que se está desatando en nuestros distritos, y por eso me siento honrada de apoyar a la congresista Ramírez en su lucha contra el terror ilimitado del DHS y el ICE, y en defensa de los derechos, la libertad y el futuro de los inmigrantes estadounidenses. La legislación fue redactada en colaboración con United We Dream y Detention Watch Network, quienes también la respaldan. Las disposiciones clave de la Ley para Desmantelar ICE (Melt ICE Act) son las siguientes:

1. Elimina todas las referencias y la base legal para la detención de inmigrantes en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA); Secciones 236(a), 236(c), 235(b), 241(a)

2. Pone fin a todos los contratos existentes para la detención de inmigrantes en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, incluyendo, entre otros, los contratos con entidades públicas, entidades privadas y cualquier otra entidad que posea u opere un programa o instalación que proporcione actividades de detención no residenciales para inmigrantes sujetos a la supervisión del DHS.

3. Previene que DHS haga ningún nuevo contrato con cualquier entidad sobre instalaciones para detener a inmigrantes.

4. Exige a DHS que presente un plan para eliminar el uso de dispositivos de localización electrónica en los inmigrantes en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la ley

5. Redirige los fondos de ICE a organizaciones comunitarias para que proporcionen servicios integrales a las comunidades de todo el país.