Por: Ashmar Mandou
El miércoles por la mañana, la congresista Delia C. Ramírez ofreció una conferencia de prensa para presentar una legislación que prohibiría el uso de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el uso de dispositivos de contención corporal. El DHS tendría prohibido el uso de un dispositivo de contención corporal llamado WRAP, según un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes el miércoles.
La “Ley de Prohibición de Dispositivos de Contención Corporal”, impulsada por la representante estadounidense Delia Ramírez, demócrata por Illinois, prohibiría la compra futura del dispositivo y establecería requisitos de supervisión e informes.
“El WRAP fomenta la destrucción en nuestras comunidades y el sufrimiento humano. Esta legislación es un paso más para poner fin al dolor y la violencia causados por el DHS”, declaró Ramírez. Fabricado por Safe Restraints Inc., con sede en California, el WRAP ha sido objeto de varias demandas federales que comparan su uso incorrecto con el castigo e incluso la tortura. Los defensores han expresado su preocupación por el hecho de que el ICE no esté monitoreando el uso del WRAP, como lo exige la ley federal, cuando los agentes emplean la fuerza, lo que dificulta determinar con exactitud cuántas personas están siendo sometidas a estas restricciones.
“El uso de sujeciones corporales completas por parte del ICE para inmovilizar a las personas detenidas plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción”, declaró Ramírez.
Las sujeciones corporales completas, comúnmente conocidas como dispositivo WRAP, son sujeciones corporales que se utilizan en personas detenidas. Investigaciones de Associated Press y Bloomberg determinaron que los agentes utilizan el dispositivo WRAP para castigar y silenciar a los detenidos. El sistema de sujeción se ha relacionado con más de doce muertes de agentes de la ley locales en todo Estados Unidos en la última década, según informó Associated Press.
Según la congresista Ramírez, los registros federales de compras muestran que el DHS pagó a Safe Restraints Inc. $268,523 desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015, durante la administración Obama, hasta junio de 2025. Los registros de compras gubernamentales muestran que las dos administraciones de Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto.
“Las tácticas brutales e inhumanas del ICE continúan poniendo en peligro la vida de las personas en todo el país”, declaró Ramírez. “El ICE está actuando al margen de toda supervisión y rendición de cuentas. Esto no puede continuar”. La congresista Ramírez estuvo acompañada por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa.
