La Senadora Estatal Iris Y. Martinez obtuvo el jueves pasado la aprobación en la Asamblea General para una legislación que daría al sistema de escuelas públicas de Chicago más tiempo para recopilar su plan de acción del fin de año escolar.
“Apresurar las decisiones para la fecha límite del 1º de diciembre podría ser contraproducente para el sistema escolar y finalmente dañar la educación de los niños”, dijo la Senadora Martínez sobre retardar la fecha límite. Hizo notar que el distrito resolvió recientemente una huelga de maestros, contrató un nuevo CEO, y trata de formular un reporte.
“Aún me preocupa como afecta esto la oportunidad de notificación a los padres y si el público tiene tiempo suficiente de hacer oir sus temores”, continuó Martínez. “Este año escolar tuvo un difícil comienzo para CPS y el distrito necesita una oportunidad para organizarse”.
La propuesta retarda la fecha límite de CPS para su plan de acción anual de fin de año hasta el 31 de marzo. El plan consiste en propuestas para cerrar y consolidar planteles antes del próximo año escolar. Enla medida se incluye también el requisito de que la Junta de Educación de Chicago proteja los servicios sociales y garantice que el tamaño de las clases no exceda las regulaciones de CPS.
La medida, el Proyecto del Senado 547, patrocinado por la Senadora Martínez, fue aprobada por el Senado 51-0 y por la Cámara 84-28 y ahora pasa al Gobernador Quinn para su firma. A principio de este año, la Sen. Martínez propuso una legislación que pondría un año de moratoria al cierre de escuelas de CPS después de un hallazgo en el 2011, descubierto por el Grupo Especial de Planteles Educativos de Chicago (CEFTF) de que el Plan de CPS de cerrar 23 escuelas impactaría en forma negativa a sus estudiantes. El CEFTF se formó para revisar las regulaciones de CPS para determinar que escuelas se consolidarían y cuales se cerrarían. La medida aún no ha sido aprobada por la Asamblea General, pero, la semana pasada, el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel y la CEP de CPS, Barbara Byrd – Bennet, se declararon en apoyo de una moratoria de cinco años, dando al problema un nuevo momentum.
“Como el año de moratoria, retardar la fecha límite de la propuesta acción daría a CPS más tiempo para crear e implementar los planes transicionales requeridos, identificando el apoyo académico y la seguridad antes de que los estudiantes sean reasignados”, dijo Martínez.
