Por: Ashmar Mandou
Una carta conjunta con más de 20 legisladores del estado de Illinois del área de Chicago instó el miércoles a la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, a denegar el permiso de operación solicitado a la subsidiaria de RMG, General Iron’s. La carta es la última de una serie de oficios públicos expresando oposición a la reubicación de General Iron del barrio Lincoln Park del Norte de la ciudad al sector Sudeste.
La carta dice, “General Iron, subsidiario de RMG, ha probado con sus décadas de larga historia en Lincoln Park, que es una amenaza para la salud pública. De la contaminación tóxica de pelusa a la ocurrencia demasiado común de incendios y explosiones, esta instalación ha violado repetidamente las regulaciones ambientales estatales, y se ha visto obligado a cerrar por la ciudad de Chicago en sí en numerosas ocasiones.”
“Siempre me he mantenido firme y apoyado los esfuerzos de justicia ambiental; por lo tanto, mi apoyo es para los defensores apasionados y las familias de mi comunidad que tienen una verdadera preocupación. Los ciudadanos del sector Sudeste de Chicago merecen lo mejor y creo que desean una urbanización imaginativa que cree actividad económica y empleos mientras cura las cicatrices de justicia ambiental del pasado, dijo el Asistente al Líder de las Mayorías, Marcus C. Evans, Jr., que representa al sector Sudeste.
La carta del miércoles llega seis días después que activistas del Sector Sudeste de Chicago concluyeran una huelga de hambre de un mes de duración para llamar la atención de la oposición de la comunidad a la propuesta reubicación de General Iron. Después de varias semanas en la huelga de hambre, la Alcaldesa Lightfoot respondió a las demandas de un creciente número de miembros de la comunidad en huelga de hambre, reconociendo el legado de racismo ambiental en el Sector Sudeste de la ciudad, pero no cumplió con sus demandas y se comprometió a denegar el permiso.
La Ciudad y la Agencia de Protección al Ambiente de Illinois (IEPA) están ambas bajo investigación federal para la concesión de permisos aéreos y de construcción. Los residentes critican las regulaciones ambientales de la ciudad por no atender problemas críticos en primera instancia.
“Los residentes están expresando preocupación por un conjunto laxo de regulaciones propuestas que en sí mismas no requieren que se encierre completamente el material tóxico y que diluyen los requisitos de monitoreo del aire, en contraste con lo que la ciudad requiere para otras capacidades similares. También critican las regulaciones ambientales por no abordar los problemas críticos de ubicación en primera instancia. Los Southeast Siders dicen que estos problemas sin resolver y las regulaciones débiles son razones para posponer la emisión de más aprobaciones o permitir cualquier construcción para la nueva instalación propuesta del Sector Sudeste. CDPH tiene la autoridad bajo las ordenanzas de la Ciudad para denegar el permiso y debe hacerlo”, afirmó un miembro del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
