La expresidenta de la Junta de Educación del Distrito Escolar 131 de East Aurora, Illinois, destinó 1,3 millones de dólares a una empresa en la que ella se desempeñaba como directora financiera, a modo de soborno o comisión ilegal, a cambio de realizar gestiones —en su calidad de presidenta— para aprobar la compra de purificadores de aire a un proveedor del distrito escolar; así lo señala una acusación formal presentada el martes ante un tribunal federal en Chicago.

El escrito de acusación señala a Annette Johnson por haber influido para que el Distrito 131 comprara purificadores de aire a dicho proveedor —por un valor aproximado de 2,7 millones de dólares en 2021— y por haber votado a favor de dicha compra. El Distrito 131 pagó por los purificadores de aire utilizando fondos de un subsidio federal de la era del COVID, declara la acusación. Sin que los demás miembros de la junta del Distrito 131 lo supieran, Johnson y el proveedor acordaron que este último pagaría a una empresa —propiedad del novio de Johnson y en la que ella trabajaba como directora financiera— más de un millón de dólares provenientes de los ingresos de la venta, según señala el escrito de acusación. Después de días del voto de la Junta, en la que Johnson participó y aprobó el pago del Distrito 131 al vendedor, el vendedor envió por correo un cheque de $1.3 millones, titulado “comisión” a la compañía donde Johnson era el Director Financiero, declara la acusación. Johnson era la presidenta de la Junta de Educación del distrito 131 en el momento en que tuvo lugar el presunto esquema de fraude, y actualmente sigue siendo miembro de dicha Junta.

El escrito de acusación imputa a Johnson, de 63 años y residente en Aurora, Illinois, con dos cargos de fraude postal mediante la privación del derecho a servicios honestos y un cargo de fraude electrónico mediante la privación del derecho a servicios honestos; cada uno de estos delitos conlleva una pena de hasta 20 años de prisión federal. Aún no se ha programado la comparecencia inicial ante el tribunal federal en Chicago. La acusación fue anunciada por Andrew S. Boutros, Procurador de Estados Unidos por el Distrito Norte de Illinois; Scott Wingle, Agente Especial Interino a cargo de la Oficina Regional Central del Departamento de la Oficia de Educación de E.U.; y Ryan Whaleln, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Chicago del FBI. El gobierno está representado por los Procuradores Asistentes de E.U., A. Liva Jr., y Adam Rosenbloom. Se recuerda al público que un escrito de acusación no es evidencia de culpa. El acusado se presume inocente y tiene el derecho a un juicio justo en el cual el gobierno tiene la cargo de probar culpa más allá de toda duda razonable. Si es convicta, la Corte debe imponer frases razonables bajo los estatutos federales y las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos, que tienen carácter orientativo.